Registro electrónico de jornada será clave para empresas en 2027
La obligación permitirá acreditar horarios ante la STPS y tribunales, mientras las multas podrían superar 1.4 millones de pesos.
La reforma de las 40 horas incorpora una obligación operativa para las empresas: registrar electrónicamente el inicio y el fin de la jornada de cada persona trabajadora.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2026, adicionó la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). La disposición establece que los registros deberán entregarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuando sean requeridos.
La STPS emitirá las disposiciones generales que definirán el alcance y las excepciones de la medida, la cual entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Multas de hasta 586,550 pesos
La nueva fracción IV Bis del artículo 994 establece sanciones de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de 2026, de 117.31 pesos, las multas van de 29,327.50 a 586,550 pesos.
El impacto puede aumentar porque el artículo 992 dispone que, cuando una omisión afecta a varios trabajadores, se impone una sanción por cada persona. Además, la reincidencia duplica el monto. Para una empresa con 50 colaboradores, el escenario mínimo supera los 1.4 millones de pesos.
El registro también será clave en tribunales
El riesgo no se limita a las sanciones administrativas. Ante una controversia laboral, el patrón debe probar la jornada ordinaria y la extraordinaria de hasta nueve horas semanales, conforme al artículo 784, fracción VIII, de la LFT. También debe conservar y exhibir sus controles de asistencia, de acuerdo con el artículo 804, fracción III.
Si no presenta esa documentación, se presumen ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos que el trabajador afirme en su demanda, según el artículo 805.
La reforma añade que el contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora.
“Muchas demandas por horas extra se pierden porque la empresa no puede demostrar la jornada real. Con un registro íntegro y reconocido por ambas partes, la discusión pasa a un dato verificable”, sostuvo Raúl Santillán, CEO de FiscoClic.
Para los consejos de administración y las áreas de finanzas, una jornada mal documentada representa un pasivo contingente. Los reclamos de horas extra suelen acompañar demandas por despido. Si la empresa no acredita la causa, los salarios vencidos pueden correr hasta por 12 meses; si el juicio se prolonga, se suman intereses del 2% mensual sobre una base de 15 meses de salario, conforme al artículo 48.
La reducción de jornada elevará el costo por hora
El registro electrónico también funcionará como herramienta para administrar la reducción gradual de la jornada. El decreto prohíbe que la medida implique una disminución de sueldos, salarios o prestaciones, de acuerdo con el artículo séptimo transitorio.
Por ello, el costo por hora ordinaria subirá 4.3% en 2027, con una jornada de 46 horas, y llegará a un alza de 20% cuando se alcancen las 40 horas en 2030.
Las horas extra mantendrán topes de nueve semanales hasta 2027 y de 12 en 2030. El excedente deberá pagarse con un 200% adicional, conforme al artículo 68. Sin datos confiables, las áreas financieras no podrán distinguir qué parte de ese costo corresponde a productividad y cuál a desorden operativo.
La ley no exige un reloj checador físico
La obligación no implica necesariamente instalar un dispositivo físico. La LFT exige un registro electrónico de la jornada, en un entorno donde conviven equipos híbridos, personal en campo, fuerza de ventas en ruta y esquemas multisucursal.
Un sistema biométrico fijo no puede trasladarse con el trabajador, mientras que instalar infraestructura en cada obra o sucursal incrementa el gasto de capital sin resolver las necesidades de movilidad.
Tampoco resulta suficiente extraer datos del reloj para procesarlos en Excel. Auditorías académicas recopiladas por Raymond Panko, de la Universidad de Hawái, señalan que más de ocho de cada 10 hojas de cálculo contienen errores. Además, un archivo editable sin registro de cambios puede ser impugnado en un litigio.
En junio pasado, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, adelantó que la autoridad busca sistemas con “perfecta trazabilidad” y acceso directo a la información sin necesidad de realizar visitas domiciliarias.
El decreto también encarga a la dependencia recopilar y evaluar datos sobre la implementación de la medida, conforme al artículo sexto transitorio.
“El estándar que viene es de trazabilidad: quién registró, cuándo, desde dónde y quién modificó qué”, explicó Santillán. “Eso no se logra con un archivo que se corrige a mano cada quincena. Y cuando auditar a una empresa le cueste a la autoridad una consulta digital y no una inspección física, el volumen de revisiones se incrementará”.
Cuatro criterios para validar un sistema
El estándar regulatorio plantea cuatro criterios de validación tecnológica para las empresas:
- La hora no debe depender del reloj del dispositivo.
- Cualquier corrección debe dejar un historial inalterable.
- El trabajador debe poder consultar y aclarar su registro, un elemento relevante para acreditar el acuerdo que le daría valor de prueba plena.
- La solución debe funcionar en la ubicación real del personal y no únicamente en los accesos corporativos.
La plataforma de FiscoClic fue desarrollada bajo estos ejes. Permite registros mediante aplicación móvil, WhatsApp, kiosko con código QR y navegador web; conserva en una bitácora cualquier ajuste con usuario, fecha y motivo; facilita que el colaborador consulte su historial y solicite aclaraciones, y mantiene el registro en zonas sin conectividad, protegiendo la integridad de la hora.
Algunas organizaciones han postergado sus decisiones a la espera de que la STPS publique los lineamientos finales. Para Santillán, esto representa un riesgo operativo:
“Las reglas van a precisar alcances y excepciones, pero no van a eliminar la obligación. Y la evidencia probatoria que defiende a una empresa en un juicio no se construye el 2 de enero: se consolida con meses de registros confiables”.
Redacción
Equipo editorial de FSOCIETY://NEWS.
