Ley de Rentas en CDMX: así cambiarían los alquileres

Las reglas para rentar una vivienda en la Ciudad de México podrían cambiar en aspectos como la actualización de los alquileres y los requisitos para formalizar los contratos.

Mientras la iniciativa de Ley de Rentas continúa su proceso legislativo, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México elaboró una ficha informativa sobre las disposiciones propuestas para propietarios e inquilinos.

El proyecto fue presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 14 de octubre. Sus disposiciones no están vigentes y aún pueden modificarse durante la discusión en el Congreso capitalino.

El aumento anual estaría limitado por la inflación

La iniciativa propone que el aumento anual del alquiler no supere la inflación del año anterior reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), incluso cuando cambie la persona arrendataria.

En su exposición de motivos, el gobierno capitalino señala: “Esta propuesta no congela las rentas: permite actualizarlas cada año, siempre dentro de ese límite, y busca que la regla sea clara y pueda hacerse valer”.

La ficha de Canadevi advierte que aplicar el límite cuando cambia el inquilino impediría ajustar libremente la renta al precio de mercado. Como ejemplo, plantea que un alquiler de 15,000 pesos podría subir hasta 15,600 pesos con una inflación hipotética de 4%, sin que la llegada de un nuevo inquilino permita un incremento adicional durante ese periodo.

La cámara considera que aún deben aclararse aspectos como el precio inicial de una vivienda nueva, los descuentos temporales y el tratamiento de los inmuebles que permanecen desocupados durante varios años.

Registro de contratos y garantías

El proyecto plantea que los propietarios registren los contratos de arrendamiento dentro de los 30 días posteriores a su firma y entreguen la constancia al inquilino dentro de los 30 días siguientes a su recepción. El registro sería un requisito esencial para la validez del contrato.

Canadevi considera necesario precisar las consecuencias de realizar inscripciones fuera de plazo y qué ocurriría ante fallas en la plataforma digital.

En materia de garantías, la iniciativa contempla una garantía de cumplimiento, además de un depósito para daños y servicios. La ficha indica que, en principio, podría mantenerse el esquema de fiador con inmueble y depósito, aunque advierte que el tratamiento de una hipoteca formal requiere mayor precisión.

La póliza jurídica no estaría prohibida, pero el propietario no podría obligar al inquilino a pagarla ni trasladarle otros gastos de formalización previstos en el proyecto.

Autorización para aumentar la renta por mejoras

La iniciativa también permitiría solicitar autorización a la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias para superar el límite anual de aumento cuando se acrediten mejoras sustantivas al inmueble.

Canadevi identifica dudas sobre qué obras justificarían ese incremento, cómo se calcularía y cuánto tardaría la autoridad en resolver.

Obligaciones y sanciones propuestas

El proyecto contempla una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social capitalina. Esta instancia ofrecería orientación, asesoría y asistencia jurídica gratuitas, además de servicios de conciliación y mediación para propietarios e inquilinos.

También verificaría el cumplimiento del límite a los aumentos y aplicaría las sanciones previstas. La ficha de Canadevi aclara: “No sustituye a los juzgados”.

Entre las multas planteadas se encuentran:

• No entregar el contrato original: de 25 a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 2,933 a 5,866 pesos.
• Incumplir el registro y la entrega de la constancia: de uno a tres meses de renta. La ficha contempla una excepción cuando el inquilino registra el contrato dentro del plazo previsto para el propietario.
• Aplicar un aumento superior al permitido: de 100 a 400 UMA, equivalentes a aproximadamente 11,731 a 46,924 pesos.
• Usar el inmueble para fines distintos al habitacional sin consentimiento: de 50 a 100 UMA para el inquilino, equivalentes a aproximadamente 5,866 a 11,731 pesos.
• Realizar modificaciones sin consentimiento expreso: de 50 a 200 UMA para el inquilino, equivalentes a aproximadamente 5,866 a 23,462 pesos.

Los equivalentes se calcularon con el valor diario de la UMA de 117.31 pesos vigente en 2026. Las multas están planteadas en la iniciativa y requerirían un procedimiento administrativo; tampoco excluirían otras acciones civiles o penales.

La ficha añade que el inquilino podría exigir la devolución de la renta cobrada en exceso.

La iniciativa sigue en proceso legislativo y las disposiciones descritas corresponden al proyecto presentado, no a reglas vigentes.